Esta suerte es la que está corriendo el INACIF, desde que se abandonó el debate sobre cuál debe ser la legislación que debe gobernarla. Tómese en cuenta, sobre todo, que los jueces interpelan a los directivos de los institutos que investigan crímenes.

Lo que desde el principio faltó al proyecto de INACIF fue la presentación en público de los directores del Instituto Nacional de Patología Forense y, claro, el que ocupa ilegalmente el puesto de director del INACIF. Ambos “directores” debieron llevar el debate sobre la nueva ley. Pero esto nunca ha ocurrido. Esa es la forma que el oder político nos está diciendo cuál es el INACIF que quiere.

La preocupación de los forenses es que ambos deben fundirse en un solo y único Cuerpo forense, y que los empleados del primero pasen a formar parte del segundo. Esa integración debe cristalizar en la denominada Policía Científica, algo que no pudo comprender el anterior Jefe de Policía: El INACIF es la verdadera Policía Científica. Y una ley de INACIF sólo está justificada en integrar a estos dos organismos.

Lo que se esperaba era sobreseer este asunto en torno al debate sobre el INACIF. Pero, al parecer hay que continuar exponiendo más razones sobre la polémica suscitada en torno al proyecto de ley que pretendió convertir en instituto a las ciencias forenses del país, sin ningún criterio.

Esto que ahora voy decir no ha estado en el debate, pero a lo que estamos llamando “Instituto Nacional de Ciencias Forenses”, no es exactamente lo que ha establecido la realidad de las ciencias forenses del mundo civilizado. (Las ciencias forenses es una sola en todas partes). Cuidado a qué le estamos llamando INACIF. La cuestión es que un INACIF es una Policía Científica, lo que significa que es un organismo especializado, que lleva a cabo tareas periciales, funciones de Policía Judicial (no es toda la PTJ, sino una función), y que además regula la práctica pericial de sus peritos, siempre dirigida por la norma procesal penal vigente.

Con la entrada del INACIF debe de desaparecer en la Policía Nacional la función pericial de investigar la criminalidad. Toda investigación tiene dos partes: una policial, de asistencia, de protección al lugar de los hechos, y otra de recolección de los indicios, las evidencias; es la fase pericial. Quien dirige estas etapas, quien hace de director de la investigación, es lo que se ha denominado fase judicial, que corresponde la Procurador fiscal: el director de toda investigación criminal.

Ahora, creemos, existe la necesidad de un encuadramiento para entender el problema del INACIF. Un problema que nadie quiere abordar en contra del proponente de la ley, quien ha sido la persona que elaboró la propuesta, con errores inaceptables para un forense (él mismo no tiene calidad para entender lo que ha escrito). Gracias a ello la cuestión subió de nivel.

Lo primero es que existe un Instituto Nacional de Patología Forense (INPF), pero en el país no hay patólogos forenses graduados, a lo sumo existe una Residencia de Medicina Forense (1996); llama la atención que en su mayoría esos “forenses”, no han terminado sus tesis de residencia y además no dirigen nada relativo a la medicina legal. El mismo INPF, actualmente está dirigido por un médico, patólogo clínico, pero con el inconveniente de que es un coronel de la Policía Nacional, y eso es inadmisible.

En el 2004 se dio apertura al INACIF, adscrito a la Procuraduría General de la Republica. Su primer director resultó ser un ingeniero industrial, por lo que se sospecha se haya tratado de un nombramiento unilateral, a pesar de convocarse a un concurso para forenses. Ambos directores nunca han hecho apariciones públicas, en los momentos más cruciales de las muertes violentas que han ocurrido en estos tres últimos años: la tragedia de la cárcel de Higüey, el incendio de la discoteca Jayces, el caso Milton, entre otros. Ha sido infructuoso todo intento de que comparezcan en público, o den la cara. Le cabe la expresión: “se están haciendo en la función”.

Lo que molesta es que las opiniones forenses, en estos casos, y en la defensa del proyecto de ley, en el otro, solo las dan el Dr. Sarita Valdez, que sin ser director del INPF, habla por el director casi en todos los casos, y en cuanto al senador proponente, éste habla por el director del INACIF, por ser el director propuesto por él, que no es un forense ni nada parecido.

Para resumir la situación del porvenir del proyecto de ciencias forenses, lo que hace falta no es difícil: 1) En primer lugar, que tanto el Instituto Nacional de Patología Forense, como el nuevo INACIF, deben fundirse en un único organismo; 2) Que la propuesta de ley ha de elaborarla la Facultad de Medicina de la UASD, o el mismo Instituto de Patología Forense, o por un equipo de profesionales de las ciencias forenses; 3) Que el proyecto debe de transmitir un oficio, es decir, que será dirigido por forenses.

En la actualidad el INACIF es dirigido por políticos, en su dirección general, como en sus departamentos orgánicos. No hay un solo forense en el INACIF.