A tal punto que sus actitudes han proyectado dudas sobre la imparcialidad y compromiso con la verdad de los hechos que sustentan el sacro principio de que la justicia es igual para todos. En un momento, como el que trataba de curarse en salud, llegó hasta la imprudencia de condicionar procesos a través de juicios a priori.

Pero ese Subero Isa que para muchos trataba de curarse en salud sintonizando con intereses políticos y económicos, aun desviándose de su apostolado, parece transitar hoy nuevos senderos al insistir en su propuesta de un fiscal especial para perseguir la corrupción. Aunque la sugerencia ha sido rechazada por el Gobierno con pretextos baladíes, tampoco ha encontrado receptividad en la sociedad civil ni en la oposición.

Pero la iniciativa es positiva, lógica y viable. Si en verdad hubiera interés de combatir el flagelo de la corrupción pública, uno fe los fenómenos que más ha contribuido con la pobreza y el fomento de una sociedad servil, abominablemente mercantil, la propuesta del magistrado Subero Isa sería acogida con entusiasmo. Se ha demostrado que la politización de la Procuraduría General de la República, del Depreco, que ahora se le cambió el nombre, y de la Comisión de Etica y Combate de la Corrupción, entre otros, han fracasado en la lucha contra un mal que, desgraciamente, se ha incrementado a través del tiempo. Tan ineficaz y desalentadora es la lucha contra la corrupción que un fraude detectado hace unos meses en el Departamento de Pensiones de la Secretaría de Hacienda todavía está impune. Y lo que es peor, el fiscal a cargo de la persecución denunció que uno de los implicados es protegido por gente de poder.

Sin embargo, se rechaza una fiscalía anticorrupción. Primero, por el carácter independiente con que operaría, y segundo, porque supondría la eliminación de una burocracia política que, más que perseguir deplorables escándalos, lo que ha parecido es apañarlos a través de su obscena indiferencia. De no ser así, habría que explicar cuál ha sido el resultado de las compras sin concursos de equipos para la Policía, que se habrían adquirido incluso a precios por encima del promedio en el mercado.

Como esa Fiscalía no estaría subordinada a ningún poder del Estado, no podría ser manipulada. Se trata, además, de una figura que en países con elevado índice de corrupción ha dado magníficos resultados. Argentina es un buen ejemplo. En otros se ha erigido en valladar para frenar tentativas al enriquicimiento ilícito.

Pese al rechazo, Subero Isa ha insistido en la propuesta. Y más que descalificársele como portavoz de intereses foráneos, menos en momentos como los actuales, lo que tendría que examinarse son los beneficios que obtendría la nación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia no es el mismo que hablaba para congraciarse con intereses de poder. Propuestas como la Fiscalía Anticorrupción armonizan más con sus funciones.

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