Las principales modalidades de la corrupción están constituido por el soborno empresarial, endémico en las actividades públicas y privadas, el lavado de dinero que se efectúa a nivel mundial, el crimen organizado internacionalmente (las mafias, los carteles de la droga, el terrorismo, el robo de bienes culturales, la trata de mujeres y niños para la esclavitud sexual, la extorsión, el robo de vehículos, el comercio en el mercado negro de armamentos y materiales bélicos, el contrabando de migrantes, el tráfico de drogas, el tráfico con órganos humanos, los delitos ambientales, la manipulación de computadoras, la falsificación, violencia contra el sistema judicial, compra de los periodistas, el tráfico de especies en peligro de extinción y la creación de empresas fantasmas que socavan las riquezas nacionales), otro aspecto es la influencia creciente del dinero en la vida pública, la “cleptocracia” en que los recursos públicos se consideran patrimonio propio. La prodigalidad del Estado se entiende como una gran oportunidad para ganar dinero fácilmente y la actividad política es simplemente un camino que se abre para la iniciativa empresarial. El cargo público es un medio para el autoenriquecimiento, sin limitaciones. Algunos funcionarios públicos hacen estragos con el fisco, cometen robos y desfalcos, organizan estafas y actividades delictivas al mismo tiempo que negocios ilegítimos, todo desde sus despachos públicos y muchos de ellos considerándose inmunes a ser procesados.

La corrupción es la delincuencia de los políticos orgánicos (los funcionarios) y, en general, del sistema político imperante. Antes era un fenómeno común, ahora es normal que haga gala de despliegue, además de que funciona como un sistema: El Estado no tiene una política pública fáctica frente a la corrupción, porque es claro que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional están marcado por una limitada independencia de acción. La más remota de estas causas se ha aglutinado a muestra concepción del Derecho en su conjunto, el cual seguimos estudiando con doctrinas del siglo XIX, para solucionar conflictos graves y sofisticados del siglo XX y XXI. La organización del Estado responde a la movilidad política, no a la social. Tenemos un sistema de gobierno presidencialista, como en casi todos los países latinoamericanos, no conozco mayor desgracia para favorecer la corrupción.

Es debido al sistema político oculto –que es el que verdaderamente gobierna–, que su persecución se queda estancada y las necesidades que impone el ejercicio del poder impiden desarrollar una acción real y efectiva en el combate a la corrupción. En esas condiciones es que se ha pretendido que el Ministerio Público asuma el compromiso efectivo, desarrollando las estrategias que le permita perseguir estos delitos y neutralizar la poderosa oposición de los grupos que dentro y fuera defienden y se benefician con la corrupción.

De perseguir la corrupción, dos son las consecuencias que obtendría el Ministerio Público: Primero, crear un gran desgaste político o mantener su posición privilegiada frente a la influencia de los partidos políticos y de los otros poderes del Estado, en su labor de persecución de la corrupción enfrenta el grave problema que hemos expresado. Los que promueven las acciones corruptas tienen suficiente poder para neutralizar o combatir eficazmente las investigaciones emprendidas por los fiscales o agentes policiales que pretenden cumplir con una labor tan difícil. Los ejemplos llenan las páginas de los diarios.

En segundo lugar, quienes ejercen el poder político en el gobierno, deben dar un respaldo real y verdadero a las investigaciones realizadas por los fiscales, o de lo contrario, su presencia consiste en permitir desdoblar la tendencia a proteger y legitimar los actos de corrupción cometidos por los miembros del partido gobernante. Ejemplo de ello lo tenemos en el Ministerio Público, que al estar investigando un caso inesperado de corrupción, empieza a recibir fuertes presiones del partido político que domina.

Todos los ejemplos que conocemos (y que no queremos mencionar) fortalece y profundiza aun más la corrupción, y hace que se pierda la credibilidad en la institución del Ministerio Público. La estructura que conforma nuestro Ministerio Público no funciona y el momento es propicio para poner en duda el tipo de Ministerio Público que tenemos. La respuesta político-criminal no puede, por lo tanto, resolver problemas de esta envergadura. No arriesga nada el Ministerio Público. Un Procurador General es, sin duda, el funcionario político que mejor imita al Presidente de la República. Conviene que sea un Ministerio Público extrapoder. No es un problema de si la persona es seria o no, sino de cuál es la norma cultural y jurídica apropiada. Juzgamos políticamente la corrupción.

En la próxima oportunidad quisiera exponer lo que plantean un grupo de autores sobre las varias experiencias y formas en el mundo en que los MP enfrentan a la corrupción. Incluso en la plataforma legislativa. Es interesante analizar la experiencia de que no contamos con la posibilidad de que en casos de corrupción, se designe a un fiscal especial independiente, que no sea un funcionario estatal y que no esté sujeto a las instrucciones del Procurador General. Este fiscal especial existe en otros países, él investiga acciones en las que coexisten fundadas sospechas sobre actividades delictivas ejecutadas por ciertos funcionarios importantes del Poder Ejecutivo o que hayan tenido relación con la elección presidencial, según lo determine una disposición legal específica.