Es evidente que en materia de seguridad pública existen factores que están por encima de la voluntad de la máxima autoridad policial y de la logística con que cuenta la institución para alcanzar sus más elementales propósitos.

Lo cierto es que existe la percepción muy extendida de que el país está perdiendo progresivamente la batalla contra la delincuencia y la inseguridad.

No es suficiente con la firme voluntad del general Santana Páez, ni con las severas medidas disciplinarias que ha tratado de implantar en la institución, ni con el impresionante número de agentes policiales expulsados y sometidos a la justicia por mala conducta, ni con las yipetas ni las motocicletas Harley Davidson adquiridas por la Secretaría de Interior. Y tampoco con los modernos aviones contratados por el presidente Fernández en su reciente visita a Brasil.

Es verdad que el problema de la seguridad pública es más complejo de lo que

cualquier pudiera imaginar, pero tenemos que admitir que mientras pronunciamos discursos bonitos y anunciamos planes estrambóticos, estamos fallando en algunas cosas elementales, sin las cuales no es posible abordar con razonables posibilidades éxito el grave problema de la criminalidad.

Por ejemplo, nos hemos olvidado del factor humano. No hemos sido capaces de

reconocer que el miserable nivel de salario de los miembros de la Policía Nacional, desde los alistados hasta su plana mayor, no es solo una tentación sino un real incentivo para la prevaricación. Sencillamente porque los miserables ingresos formales que perciben los obligan a dedicar una parte fundamental de su tiempo y de sus preocupaciones a resolver el problema de la subsistencia primaria.

Mientras la burocracia del Estado ha incrementado sus salarios a niveles que sobrepasan el promedio de países altamente desarrollados, los ingresos de los servidores responsables de nuestra seguridad se han mantenido muy por debajo de la llamada línea de pobreza.

Y lo más grave aún es que tampoco se les puede pedir sacrificio mientras la jerarquía política del Estado haga ostentación de un estilo de vida que no tiene la más mínima correspondencia con la austeridad impuesta al resto de la población.

Así las cosas, hay que reconocer el esfuerzo y la dedicación pero no hay mucho que esperar de las buenas intenciones del general Santana Páez. Por lo menos mientras nuestros guardias y policías tengan que someterse al terrible dilema de morirse de hambre o ser parte del engranaje de corrupción y delincuencia que permea prácticamente todas las capas de la administración pública.

28 de junio, 2007