La decisión de revocar los aumentos de salarios no tiene ningún mérito para los miembros de ese organismo, porque actuaron forzados por la presión de la opinión pública. Lo ideal es que todos renuncien a los cargos.

Se incrementaron alegremente sus salarios (se sirvieron con la cuchara grande) en más de un 100 por ciento y la presión de la opinión pública los obligó a retornar a la honradez.

Su decisión no implica haber reconocido un error, porque no hay en su decisión ese arrepentimiento, sino que ha decidido revocar las alzas de sus ingresos por la firme censura pública a su decisión.

Todo lo contrario, ellos han defendido la legalidad de su acción, lo que indica que se puede dudar de que en el futuro los ingresos a los que dicen renunciar salgan por otra vía a favor de cada uno de ellos.

Lo ideal hubiese sido que ante el escándalo, todos hubiesen renunciado, a sabiendas de que tras el cuestionamiento público su credibilidad quedó mermada.

Que no pretendan una cadena de elogios y reconocimiento por el “sacrificio”.

Lo preocupante de todo esto es que los jueces, que ya no son tales, no se percataran que al aumentarse los sueldos ellos estaban ejerciendo una práctica ilegítima, poco ética y que raya en el ventajismo.

Y si no están en capacidad colectiva de llamarse la atención uno al otro en un asunto tan evidentemente deplorable, como van a darse cuenta que otros cometan similares prácticas en auditorias que practiquen a otras instituciones.

Si ellos deciden que aumentarse los salarios como lo hicieron no es derroche, como determinarían que prácticas similares no lo son en las instituciones que por ley tienen que auditar.

De modo que estemos claro, la opinión pública, los ha forzado a ser honrados, pero eso no es suficiente: Que renuncien.