Si el señor Peña entiende que esos documentos no deben ser entregados por los alegados motivos, lo que tiene que hacer es apelar la sentencia del tribunal Contencioso Administrativo que lo obliga a hacerlo.

Diandino se puso por encima de la ley de Libre Acceso a la Información y le negó al periodista Lora la información requerida sobre los estudios de factibilidad para la construcción del metro. Y lo hizo con la soberbia de quien se cree con todo el poder de su lado.

Lora, un avezado comunicador de una consagrada trayectoria profesional, entonces acudió a la Justicia para hacer valer su derecho. El Tribunal le dio la razón y dictaminó que la documentación que avala la construcción del Metro debe ser entregada a Lora.

Ahora, en los medios de comunicación, Diandino Peña alega sobre el particular lo que no alegó en el tribunal. El pretexto de que por razones de seguridad no se deben entregar los planos no es a Diandino a quien corresponde decidirlo, sino a un tribunal, porque el funcionario no está por encima de la ley ni de la Justicia, como ha pretendido.

La Ley de Libre Acceso a la Información no da potestad a ningún funcionario en particular para que decida qué informaciones no deben ofrecerse por razones de seguridad y cuáles no. Hay instancia para ello que en ningún caso puede ser el director del organismo que en principio ha desacatado la ley y que ahora pretende hacer lo mismo con la sentencia. Lo recomendable es que ante el dictamen del tribunal Diandino se comporte con la humildad y el respeto debido, y si no la comparte, que la apele.

De modo que Huchi Lora en ningún caso debe de aceptar informaciones mutiladas de parte de la Opret, y debe exigir el cumplimiento expreso de la sentencia. La ley debe ser respetada y los primeros que tienen que exhibir ese respeto son los funcionarios del gobierno.

Ojalá que Diandino entienda el mensaje de la Justicia y se comporte como reclaman los tiempos.