El informe establece que las autoridades encargadas de arrestar a Ceballos Peñaló actuaron con negligencia, por lo que recomendaron el envió a un tribunal disciplinario a todos los representantes del ministerio público que participaron en la operación y el sometimiento a la Justicia del primer teniente del Ejercito Nacional, Jorge Luis Rivera Herrera, abscrito a la DNCD, de ser el autor del proyectil que mató al fiscal.

El informe fue leído esta mañana por los miembros de la comisión, en presencia del procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña. En el mismo se recomendó también la suspensión de los involucrados a fin de que sean procesados.

La comisión investigadora estuvo integrada por la procuradora adjunta, Gisela Cueto, el procurador general de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Amado José Rosa, y la procuradora de la Corte de Apelación de Santiago, Vielka Calderón. Esta recomendó que los miembros de la patrulla que sirvieron como auxiliares sean enviados a sus respectivos organismos, Policía Nacional (PN) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD para que se les impongan las sanciones disciplinarias correspondientes.

Los procuradores generales adjuntos que participaron en la operación donde resultó muerto el fiscal son Bolívar Sánchez y Frank Soto. También están involucrados el procurador general de la Corte de Puerto Plata y el fiscal de esa demarcación Félix Álvarez y Domingo Belliard, respectivamente.

El informe revela que Ceballos Peñaló murió a consecuencia de las heridas que recibió por un proyectil de ametralladora perteneciente a un agente de la DNCD.

Indica, además, que Ceballos Peñaló hirió con su arma de reglamento a uno de los oficiales que fueron a apresarlo y que hizo, por lo menos, cinco disparos contra las autoridades.

En el informe leído por Gisela Cueto sustentan que pudieron comprobar que Ceballos Peñaló se dedicaba a la extorsión, chantaje y ordenó el asesinato de personas, entre ellas a una al que la población sindicaba como delincuente.

Informó que éste, también, ordenó a una persona asesinar a una pareja de esposos ancianos italianos con el propósito de quitarles una residencia que tenían en Puerto Plata, por lo cual prometió entregarle al ejecutor la suma de 150 mil pesos o 30 mil dólares.

También le pidió a una persona con antecedentes penales ejecutar a otra quien era un supuesto jefe de una banda de narcotraficantes de esa demarcación, porque en un allanamiento que practicó éste le recibió a tiros.

Indicaron que Ceballos Peñaló logró convertirse en un terror en Puerto Plata.

Los investigadores del caso entienden que la Procuraduría debe aumentar los miembros de su departamento de asuntos internos y priorizar la necesidad de crear un policía técnica de investigación judicial que garantice estándares de calidad adecuados en el manejo de las evidencias, escena del suceso y otros tipos de tareas que constituyen la parte más sensible del trabajo del ministerio público.

Entiende, asimismo, que el ministerio público debe reformular su política de vigilancia de sus propios miembros, propiciando una investigación oportuna de las denuncias, a fin de evitar casos como el ocurrido.